Buscan prohibir cirugías estéticas en menores de edad en México

La diputada María Teresa Ealy Díaz, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para prohibir la realización de cirugías estéticas en personas menores de 18 años, salvo en casos con fines reconstructivos derivados de malformaciones congénitas, accidentes, enfermedades o situaciones médicamente justificadas.

La propuesta plantea adicionar el artículo 272 Bis 7 a la Ley General de Salud, con el fin de establecer que, en los casos excepcionales, se deberá contar con un dictamen favorable de un comité médico especializado, así como con el consentimiento informado de los padres o tutores y la manifestación de voluntad de la persona menor de edad, de acuerdo con su grado de madurez.

Ealy Díaz también propone que las autoridades sanitarias vigilen el cumplimiento estricto de esta disposición, y que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emita los lineamientos y normas oficiales correspondientes.

En el documento turnado a la Comisión de Salud, la legisladora advierte que los menores enfrentan presiones sociales y culturales relacionadas con los estándares de belleza que impulsan la práctica de procedimientos estéticos a edades cada vez más tempranas.

Señala que la industria de la cirugía plástica y estética ha crecido sin límites claros en la atención a este sector, lo que implica riesgos graves para la vida, la salud y la integridad personal.

Ealy Díaz recordó el caso de una adolescente de 14 años fallecida en Durango tras someterse a una cirugía estética, hecho que —dijo— evidencia la urgente necesidad de establecer un marco legal que proteja a niñas, niños y adolescentes de prácticas médicas invasivas sin la debida regulación.

La diputada enfatizó que la iniciativa busca garantizar el derecho a la salud, la integridad y el desarrollo pleno de la niñez y la adolescencia en México. Subrayó que la falta de una prohibición expresa ha permitido que los intereses económicos y las presiones sociales prevalezcan sobre la protección de los menores.

“Establecer una norma clara y homogénea a nivel nacional no representa una limitación arbitraria, sino una medida de justicia social y protección de derechos humanos que responde al principio del interés superior de la niñez y a la obligación del Estado mexicano de prevenir prácticas que pongan en riesgo su vida y bienestar”, puntualizó.