Piden cese de funcionarios tras asesinato de activista

El presidente de la asociación Justicia Tamaulipas, Giovanni Barrios Moreno, presentó este viernes un escrito al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca para exigirle el cese de Gloria Elena Garza Jiménez, subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, así como de Norma Garrido, quién está a cargo de la Atención a Víctimas en el estado, por omisiones en el caso de Miriam Rodríguez Martínez al "no atender las solicitudes de protección" que les hizo en repetidas ocasiones.

Expresó que la destitución de estas funcionarias debe darse tanto como el esclarecimiento de su muerte, ya que su forma de proceder puso de manifiesto que no tienen la "sensibilidad para estar al frente de un área tan delicada" y que por ello en Tamaulipas "los derechos a las víctimas no han sido reconocidos ni aplicados".

Además de esta acción por parte del ejecutivo estatal, en el escrito se solicita que se abra una carpeta de investigación contra las funcionarias por "delito de abuso de autoridad y violación de las garantías existentes en el Código Penal", refiriendo que pese a los comunicados oficiales, no se ha podido demostrar que hayan girado los oficios correspondientes para "resguardar la integridad física" de su compañera, por lo que existe complicidad de las autoridades en la muerte de la activista.

Barrios Moreno, enfatizó que la falta de respuesta no fue sólo del estado sino también de la Federación, afirmando que los miembros del colectivo que representa y otros semejantes, temen por su vida pues incluso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le han negado la autorización para "venir a Tamaulipas por motivos de seguridad".