Denuncian a directora del DIF por obligar a personal a donar parte de sus salarios

La directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF). María del Rocío García Pérez, junto con dos de sus colaboradores, obligaron a su personal a entregar de 2 hasta 4% de sus salarios mensuales; de no hacerlo, perderían su trabajo.

Así lo reveló una investigación de Animal Político iniciada en 2019. Asimismo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió una investigación el 23 de abril, a pesar de haber sido reportado nueve meses antes.

Se dice que incluso repartió entre los principales mandos de la dependencia, una lista con las siete categorías de plazas escogidas y los montos a pagar, que se elevaban de los 500 a los dos mil 500 pesos mensuales.

A su vez que amenazaba al personal, alardeando de una supuesta amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Muller.

Sumando la nómina de la institución y los más de mil puestos en la lista, la cifra asciende a 658 mil 400 pesos mensuales, o siete millones 900 mil pesos al año.

Este dinero formaba parte del supuesto “Programa Ahijado”, del cual no existe registro oficial, así como de los gastos de la institución que no se cubrían con el presupuesto público.

Dentro de los primeros cuatro meses de la administración de García Pérez, fue cuando surgió la junta donde se comentó a los trabajadores de los supuestos gastos, a la cual no se les permitió a los asistentes llevar sus celulares.

Fue cuando se les explicó a los operarios que tenían que donar parte de sus sueldos para la “Propuesta programa ahijado sistema nacional DIF”, donde aportaban según la jerarquía de las siete plazas de confianza incluidas: dirección general, tres mil pesos; jefes de Unidad, dos mil 500; directores generales, dos mil pesos; directores de área, mil 500 pesos; subdirectores de área, mil pesos; jefe de departamento, 700 y los soportes administrativos, 500 pesos.

A final de cada mes, el dinero se entregaba a la oficina de Alfredo Anguiano Chávez, a titular de Administración y Finanzas desde 2020, y se encarga de manejar el presupuesto del DIF.

La entonces titular de Administración y Finanzas, Lilia Aguilar Cortés, se encargaba de hacer la relación de quiénes y cuánto daban, antes de ser ascendida como Jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable.

“Cada vez que los servidores públicos acuden a ella (Lilia Aguilar Cortés) para manifestar su desacuerdo (por la entrega de dinero), ella dice que todo son órdenes de su jefa (la directora del DIF) y que ‘así se hace en todos lados'”, indica una de las denuncias.

La Secretaría de la Función Pública ya conocía esta situación pues tres trabajadores presentaron denuncias: una registrada el 17 de julio y dos más el 20 de julio de 2020, las cuales si tuvieron seguimiento, pero supuestamente se extendió el plazo debido a la pandemia de COVID-19.

La investigación del medio de comunicación expresa que al dependencia no puede hablar al respecto, mientras que la acusada, niega saber sobre denuncias en su contra.