CCE propone implementar ajustes a la política económica del país

El sector privado del país propuso implementar un programa que se adapte a las actuales condiciones económicas internas y externas del país, mismas que se “han modificado sustancialmente el contexto en el que fueron elaboradas las principales variables de la política económica para 2017”.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que las condiciones económicas del mercado de hidrocarburos, de tasas de interés, de los principales commodities, del movimiento de capitales, así como de las reglas internacionales del comercio y los equilibrios geopolíticos por el cambio en la presidencia de los Estados Unidos, modificaron las condiciones aprobadas por el Congreso de la Unión para este año.

En ese sentido, añadió que si bien la política tarifaria de las gasolinas y el diésel responde a una realidad internacional y a la situación en el mercado energético, ello generaría una presión adicional sobre la economía interna del país.

“Por ello, proponemos un paquete de medidas de política económica de aplicación inmediata en tres ámbitos: fiscal, gasto e ingresos; política monetaria; fomento a la inversión y el empleo; banca de desarrollo.”

En particular, precisó el organismo, en materia fiscal, de gasto e ingresos para garantizar un creciente superávit primario; establecer como meta una reducción de la deuda del Gobierno Federal para mantenerla en niveles menores a 40 por ciento del PIB.

Además, definir un mecanismo para que los ingresos adicionales a los aprobados por el legislativo no se traduzcan en más gasto, sino que se destinen a la reducción del déficit, racionalizar el ejercicio del gasto y establecer una meta de reducción real respecto al gasto autorizado para 2017.

También para dar prioridad al presupuesto autorizado, y sin incrementar los egresos ni el déficit, canalizar mayores recursos al gasto público en infraestructura, así como reducir el gasto en consumo corriente del gobierno.

Asimismo, a revisar las opciones fiscales para contrarrestar las modificaciones impositivas que pudieran tener lugar en Estados Unidos, en caso de una mayor caída en el PIB.

Entre otras acciones, el organismo precisó que se podría accionar un mecanismo de generación de empleo mediante la contratación de mano de obra para la construcción de infraestructura por parte del Gobierno Federal y la participación del sector privado, así como establecer mecanismos para evitar un impacto del incremento de la gasolina en transporte público de personas realizado por empresas formales.

En cuanto a la política monetaria, propuso mantener la flexibilidad del tipo de cambio, ajustar la tasa de interés, en la medida necesaria, y utilizar en su totalidad el excedente de operaciones del Banco de México, ello, para reducir la deuda pública.

Entre otras medidas, refirió que en materia de inversión y empleo, ante la necesidad de acrecentar la inversión nacional y extranjera, es preciso establecer una política de estímulos fiscales de efecto inmediato para las nuevas inversiones, con el objeto de acelerar la toma de decisiones y propiciar más empleo.

A su vez, recomendó valorar mecanismos de depreciación acelerada, o la deducción al cien por ciento del gasto en inversión, bajo un esquema similar al del IETU, que podría asociarse o condicionarse a la creación de empleos formales. Los incentivos directos son fundamentales.

Además, sugirió evitar incluir nuevas cargas laborales o administrativas que impliquen mayores costos para la creación de empleos formales, en particular para las pequeñas y medianas empresas.

Ello, aunado a la importancia de dar a conocer los beneficios de las Zonas Económicas Especiales y establecer un programa de desarrollo de infraestructura en esas regiones con fondos públicos y privados.

Además, revisar el esquema de tasas preferenciales, utilizando el costo directo del fondeo con Cetes o con Financiamiento externo y con costos de coberturas, eliminando remanentes que no son justificables para la banca de desarrollo.

Destinar recursos suficientes en proyectos de construcción para empresas nacionales, que les permitan competir con empresas internacionales en la materia.

El CCE que dirige Juan Pablo Castañón, confió en que “una acelerada y eficaz implementación de estas medidas, y un verdadero trabajo en conjunto entre Poder Ejecutivo, Legislativo, iniciativa privada y sociedad, puedan compensar los obstáculos de la economía nacional e internacional”.