Funcionarios bajo investigación por posibles irregularidades patrimoniales

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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas mantiene bajo revisión a 24 servidores públicos de la actual y pasada administración estatal por presuntas irregularidades detectadas en sus declaraciones patrimoniales y de intereses. 

Las investigaciones avanzan en una etapa clave de verificación financiera y patrimonial, informó la titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo.

La funcionaria explicó que los expedientes surgieron tras diversas denuncias ciudadanas y procesos internos de supervisión. 

Actualmente, las autoridades realizan cruces de información con registros oficiales e instituciones financieras para determinar si existe congruencia entre los ingresos reportados y el crecimiento patrimonial de los funcionarios involucrados.

Pedraza Melo señaló que, aunque las declaraciones patrimoniales contienen información pública, la ley protege datos personales sensibles como domicilios particulares o información relacionada con menores de edad. 

Sin embargo, aclaró que las investigaciones continúan avanzando conforme a los procedimientos legales establecidos.

Entre los casos bajo análisis destacan expedientes relacionados con el sector Salud, donde se investiga tanto a exfuncionarios como a servidores públicos en funciones. Las indagatorias apuntan a posibles faltas administrativas graves y no graves, además de presuntas anomalías en procesos de adquisiciones gubernamentales donde, según las investigaciones preliminares, no se habrían respetado los lineamientos normativos.

La secretaria advirtió que, en caso de detectarse inconsistencias relevantes en el patrimonio de los funcionarios, los casos podrían ser turnados a la Unidad de Inteligencia Financiera para profundizar en las investigaciones correspondientes.

Además, reveló que durante lo que va de 2026 la dependencia ha recibido 135 quejas y denuncias contra servidores públicos estatales. 

De esas investigaciones ya se derivaron 13 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, reflejando un incremento en las acciones de vigilancia y combate a la corrupción en Tamaulipas.