Revelan Estafa Maestra que despareció más de 3 mil mdp

Una investigación periodística realizada por el portal Animal Político en colaboración con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que a través de universidades públicas 186 compañías recibieron 7 mil 670 millones de pesos del Gobierno Federal con contratos que violan la Ley General de Adquisiciones.

Los contratos fueron reportados en las Cuentas Públicas de los años 2013 y 2014, y del monto total más de 3 mil 433 millones de pesos desaparecieron al ser entregados a empresas fantasma.

La investigación detalla que 11 dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Petróleos Mexicanos, Banobras, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) , el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (STC), la Secretaría de Economía, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (ITEA) y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE).

Esas dependencias firmaron 73 convenios con las universidades Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de Tabasco.

Los periodistas realizaron un revisión exhaustiva durante seis meses de los convenios para verificar si las 186 empresas contratadas existen, estaban legalmente constituidas o si cumplían con los mínimos requerimientos para dar los servicios contratados.

El esquema detectado, que no es nuevo y se usa desde el 2010, cuando Felipe Calderón era presidente de México, elude la Ley de Adquisiciones porque los obligaría a hacer licitaciones y poner a diferentes empresas a competir, sin embargo en este modelo las dependencias firman convenios con universidades públicas, debido a que la ley permite hacerlo, pero solo si las universidades realizan al menos el 51 por ciento del servicio contratado.

Así, las universidades subcontrataron a terceros, 186 empresas, la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados, sin que se cumpliera el requisito del 51 por ciento, cobrando entre un 10 y un 15 por ciento del total del servicio.