Diputada aclara polémica por paneles solares: “No existe ningún impuesto al sol”

Ante la controversia generada en redes sociales y algunos sectores de la población, la diputada Lucero Deosdady Martínez López aclaró que la iniciativa relacionada con la instalación de paneles solares no contempla la creación de nuevos impuestos, sino que busca garantizar la seguridad de las familias mediante medidas de protección civil.
 

Durante la conferencia conocida como la “Mañanera Legislativa”, la legisladora enfatizó que la propuesta ha sido malinterpretada y reiteró que en ningún momento se pretende cobrar un impuesto por el uso de energía solar.
 

“No existe ningún denominado impuesto al sol; es una iniciativa para proteger a la ciudadanía y su patrimonio mediante instalaciones seguras”, afirmó.
La propuesta busca establecer lineamientos que permitan verificar que los sistemas fotovoltaicos sean instalados bajo condiciones adecuadas, reduciendo riesgos para las personas y sus bienes.
 

En el mismo encuentro con medios de comunicación, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Armando Prieto Herrera, abordó diversos temas relacionados con la agenda legislativa estatal.
 

Entre ellos destacó el compromiso del Poder Legislativo con la defensa de la soberanía nacional y la armonización de las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión, siempre bajo criterios de coordinación institucional y respeto al Estado de Derecho.
 

Respecto a posibles cambios en materia electoral, Prieto Herrera señaló que los plazos legales para modificar las reglas que regirán la elección del próximo año ya concluyeron, por lo que las reformas recientemente aprobadas serán las que se aplicarán durante el proceso electoral.
 

Sobre el combate a la intervención de recursos ilícitos en campañas políticas, manifestó su respaldo a que las elecciones puedan ser anuladas cuando existan investigaciones concluyentes y pruebas suficientes que acrediten irregularidades.

Asimismo, indicó que cualquier discusión sobre la participación de personas con doble ciudadanía en cargos de elección popular deberá analizarse conforme a lo establecido en la Constitución y el marco jurídico vigente.