Fiscalía Anticorrupción acusa retrasos en proceso contra exsecretaria de Bienestar

El proceso judicial que enfrenta la exsecretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, identificada como YAC, ha registrado diversos aplazamientos debido a recursos legales promovidos por su defensa, informó el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Andrés García Repper Favila.

El fiscal aclaró que, aunque las audiencias y etapas procesales han sufrido retrasos, los jueces están obligados a respetar y garantizar los derechos de las personas involucradas en cualquier procedimiento judicial.

“Los jueces tienen que garantizar sus derechos al debido proceso”, señaló.

De acuerdo con García Repper Favila, entre los factores que han influido en la demora del caso se encuentran incapacidades médicas presentadas anteriormente y, más recientemente, modificaciones en la representación legal de la exfuncionaria.

“Está oponiendo excusas; primero fueron unas excusas médicas que se tramitaron y ahora parece que tiene que ver con un cambio de asesor jurídico”, explicó.

El titular de la Fiscalía Anticorrupción indicó que cuando una persona cambia de abogado, la autoridad judicial debe conceder tiempo suficiente para que la nueva defensa conozca el contenido de las carpetas de investigación y prepare su estrategia jurídica.

“El juez está obligado a darle este tiempo a su defensa para que se imponga de las carpetas. Parece que se retrasa, pero son sus derechos procesales”, precisó.

Añadió que, en caso de que una persona no cuente con representación privada, corresponde al Poder Judicial designar un defensor de oficio para garantizar que el proceso continúe conforme a derecho.

No obstante, subrayó que estas decisiones corresponden exclusivamente a los jueces y no a la Fiscalía.

“Yo soy el fiscal, yo no soy el juez”, puntualizó.

García Repper Favila sostuvo que respetar cada una de las etapas legales es indispensable para evitar futuras impugnaciones o señalamientos sobre posibles violaciones a derechos fundamentales.

“Siempre es importante garantizar el debido proceso para que después no vayan a decir que las autoridades están actuando violando derechos”, afirmó.

El funcionario reiteró que la observancia estricta de las garantías procesales fortalece la legalidad de los procedimientos y permite que las resoluciones judiciales se sustenten en procesos sólidos y apegados a la ley.